Nuevo Imparcial.- La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de Colmenar Viejo que ya ha consignado en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 63 millones de euros que, junto con el Ayuntamiento de Tres Cantos y según una sentencia firme del TSJM de 2007, debían abonar las tres administraciones a los propietarios reconocidos de los terrenos denominados de ‘El Tagarral’, ubicados en el municipio vecino de Tres Cantos. “La decisión de la Comunidad de Madrid de hacerse cargo del pago de la deuda es muy loable porque, por fin, se corta de raíz un problema que cada día que pasaba se hacía más grande y que podía habernos sumido en una situación económica muy difícil de superar, un problema que el PSOE creó y dejó en herencia a todos los colmenareños, un ejemplo más de la política que hacen los socialistas”, ha señalado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Angel Santamaría. Se trata de una “deuda histórica” generada hace 27 años por la decisión de los gobiernos socialistas de entonces de recalificar unos terrenos de urbanizables a no urbanizables que se ha ido arrastrando hasta la actualidad. “Que la Comunidad de Madrid haya asumido ese pago es una magnífica noticia porque evitará a los colmenareños tener que pagar los platos rotos de un caso que creó el PSOE y que podría haber hecho mucho daño a las arcas municipales”, ha destacado el Regidor colmenareño.
El caso de ‘El Tagarral’ se remonta a 1987. Ese año, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo entonces gobernado por el PSOE (Tres Cantos no existía aún como municipio independiente) aprueba su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y establece en él recalificar como suelo no urbanizable de protección para usos agrícolas y de protección ecológica la finca de ‘El Tagarral’, hasta ese momento suelo urbanizable. La Comunidad de Madrid, entonces gobernada también por el PSOE, ratificó ese PGOU. Los propietarios de los terrenos, viendo dañados sus derechos para construir por esa decisión del Consistorio, llevaron el caso a los tribunales. Éstos siempre les dieron la razón. Tras un largo proceso legal, en 1992 el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Tres Cantos (municipio independiente desde 1991) y al de Colmenar Viejo a indemnizar a los propietarios. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fijó esa indemnización en 42,4 millones de euros. La sentencia se convirtió en firme en 2007 y la cuantía, que ha ido sumando elevados intereses a medida que ha pasado el tiempo, superaba actualmente los 63 millones de euros. La comunicación más reciente del TSJM, de hace aproximadamente dos años, conminaba a la ejecución forzosa de la sentencia y de no ejecutarse procedería al embargo de bienes patrimoniales de las administraciones implicadas en el caso y a la imposición de sanciones personales a los responsables de ejecutar la sentencia.
