Nuevo Imparcial.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo dejó ayer muy claro y con contundencia, en el Pleno Extraordinario convocado para informar sobre las imputaciones de la Fiscalía, que los 16 expedientes urbanísticos en litigio no son un caso de corrupción como intentan hacer ver ciertas personas y colectivos porque, entre otras cosas, “nadie ha metido la mano en la caja, nadie se ha llevado un euro, ni se han hecho favores, ni se ha actuado con intereses”.
Tal y como explicó el Secretario General del PP colmenareño y Primer Teniente de Alcalde, Jorge García Díaz, se trata de 16 licencias de las cerca de 700 que se concedieron entre 2003 y 2012; que todas, excepto una, son licencias de primera ocupación concedidas a particulares o pequeñas promotoras, “no a grandes empresas ni a grandes proyectos urbanísticos”; y que “en ningún caso se han llevado a cabo construcciones en zonas verdes, ni en espacios protegidos, ni rústicos”. “Todas, excepto una, son licencias de primera ocupación de viviendas que tenían su correspondiente licencia de obras y que estaban visadas por los colegios de arquitectos y que tenían su certificado final de obra certificado por la Dirección Técnica y el Colegio de Arquitectos”.
García Díaz también hizo hincapié en otra cuestión: la única licencia de construcción que aparece entre los 16 expedientes en litigio fue APROBADA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS en la Comisión informativa de Urbanismo del 5 de febrero de 2011.
Sostuvo que las obras contempladas en las licencias en litigio “tenían pequeñas desviaciones con respecto a los proyectos iniciales (todas justificadas)” pero que los diferentes gobiernos que concedieron esas licencias entendieron que no eran de consideración “y por ello aplicaron el principio de proporcionalidad, siguiendo además la doctrina del Tribunal Supremo que dice que las medidas que deba tomar una Administración no deben ser desproporcionadas o excesivas respecto a la infracción cometida o a la repercusión o efecto urbanístico de tal infracción”.
Llegado a este punto, García Díaz hizo una reflexión: “La inmensa mayoría de las obras, aquí y en todos lados, tienen pequeñas desviaciones de los proyectos iniciales y lo que entendíamos que no se podía hacer era ordenar el derribo de una vivienda porque la huella de un escalón, un muro de cerramiento, el retranqueo de una ventana o la altura de una fachada fuera un poco superior a lo establecido en la normativa. Porque, que a nadie se le olvide, estamos hablando, en la mayoría de los casos, de centímetros justificables”.
Por último, Jorge García Díaz ha invitado a todos los vecinos a que lean y conozcan los pormenores de cada una de las 16 licencias denunciadas para que sean ellos mismos quienes juzguen “la envergadura y gravedad” de cada una de ellas. La relación de los expedientes se puede consultar en la página web municipal www.colmenarviejo.com
“Les rogaría que las vieran, las leyeran y se hicieran una reflexión: ¿hay que meter en la cárcel a unas personas porque han dado una licencia de ocupación un vecino que ha hecho una escalera con dos peldaños más grandes de lo que pone la normativa, o ha cerrado su vivienda con un muro unos centímetros más alto para preservar su seguridad e intimidad, o su casa tiene unos centímetros más de la permitida porque de lo contrario no hubiera podido evacuar las aguas residuales de su casa?